ABOGADO NEGLIGENCIAS MÉDICAS ALMERÍA

El plazo de un año que marca la Ley suele empezar cuando el paciente conoce, o puede razonablemente conocer, la relación entre el daño y la actuación médica. Esto significa que, si las secuelas se manifiestan con retraso —por ejemplo, tras una operación que parecía exitosa—, el contador no corre desde la intervención, sino desde la fecha en que un informe médico confirma el vínculo causal. Es vital guardar todos los documentos que acrediten ese “descubrimiento tardío”.

Sus herederos legítimos (cónyuge, hijos, padres…) pueden ejercer la acción en nombre del fallecido. Además de la indemnización por daños personales, podrán reclamar los gastos funerarios y una compensación por el perjuicio moral sufrido. Deben aportar el certificado de defunción y la documentación que demuestre el parentesco (libro de familia, acta de últimas voluntades).

Sí. En España, la responsabilidad sanitaria es solidaria: cada parte responde de su cuota de culpa. Si la asistencia se prestó en un hospital público pero el facultativo actuaba como interino o estaba subcontratado por una empresa privada, se puede demandar a ambos. El procedimiento mezcla la vía contencioso-administrativa (contra la Administración sanitaria) y la civil o penal (contra el profesional o su aseguradora).

1. Daño emergente: gastos médicos, prótesis, desplazamientos.

2. Lucro cesante: ingresos que el paciente dejará de percibir (salarios, autónomos, pensiones futuras).

3. Daño moral: dolor, ansiedad, pérdida de calidad de vida.

4. Perjuicios estéticos o fisiológicos: cicatrices, limitaciones funcionales.
   Para valorarlos se usa el Baremo de Tráfico (actualizado cada año) adaptado a la sanidad, más informes periciales que objetivan cada euro reclamado.

• Reclamación previa o extrajudicial: de 3 a 6 meses si hay negociación con la aseguradora.

• Vía contencioso-administrativa: 18-24 meses hasta sentencia.

• Vía civil: 12-18 meses en primera instancia.

• Vía penal (menos frecuente): puede superar los 2 años.
  El tiempo real depende de la carga de trabajo del juzgado, la complejidad pericial y si la otra parte recurre.

Normalmente sí, se hace mediante una provisión de fondos. Sin embargo, muchos despachos ofrecen honorarios a porcentaje (“no win, no fee”) o financian el informe pericial a cuenta de la futura indemnización. Pregunta siempre por escrito qué gastos incluye el presupuesto y qué ocurre si el caso se pierde.

Puede ser ventajoso si cubre todos los daños y evita años de juicio. Un abogado experto revisará la oferta, comparará con el Baremo y calculará el coste de seguir litigando. Es clave exigir que el acuerdo incluya todos los conceptos (futuras revisiones, rehabilitación, prótesis) y que se formalice ante notario o juzgado para quedar protegido.

El informe pericial es la columna vertebral de la reclamación. Si un primer perito no ve mala praxis, se puede:

1. Solicitar una segunda opinión a otro especialista.

2. Renunciar a la acción para evitar costas.

3. Negociar una compensación menor si hay dudas de culpa compartida.
   Un abogado honesto te aconsejará lo más prudente para no arriesgar dinero y tiempo.

Sí, la ley de protección de datos y el secreto profesional obligan a que solo el personal sanitario, los peritos y las partes del juicio vean tu historia clínica. El juzgado puede “anonimizar” datos sensibles y, si se publica la sentencia, se omitirán nombres.

No debería. El derecho a la asistencia sanitaria es universal y no puede condicionarse a interponer una demanda. Los hospitales públicos y las compañías privadas están obligados a tratarte con la misma calidad. Si te preocupa un trato desfavorable, pide un cambio de médico o centro y consérvalo por escrito.

Sí. El plazo de un año empieza a contar cuando el menor cumple 18. Esto protege a niños y adolescentes cuyas secuelas pueden tardar años en manifestarse. Igualmente, los padres pueden reclamar antes en nombre del menor si desean adelantar la compensación.